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Aprobado el Real Decreto para agilizar la acreditación de competencias profesionales de tres millones de trabajadores en cuatro años

Los candidatos deberán justificar tres años de empleo, con al menos 2.000 horas trabajadas en 15 años, previos a la presentación de la solicitud

Noticia del sector

El Consejo de Ministros acaba de aprobar un Real Decreto, que modifica otro de 2009 (el Real Decreto 1224/2009), por el que prevé acreditar las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales, de tres millones de trabajadores en cuatro años (hasta 2024). La medida contará con un presupuesto inicial de 852,5 millones de euros. Según el Ministerio de Educación y Formación Profesional, con el procedimiento vigente hasta ahora, sólo se han acreditado las competencias de 300.000 trabajadores en diez años.

En la nueva normativa se determina que las administraciones competentes mantendrán este proceso continuo para que cualquier persona pueda solicitar, cuando lo necesite, la acreditación de las competencias profesionales adquiridas en el ámbito laboral en cualquier sector productivo.

"Quienes se acojan a este nuevo sistema podrán completar su formación y obtener el título de Formación Profesional o certificado de profesionalidad que corresponda", explicó la titular de Educación, Isabel Celaá, quien recordó que con ello "se da respuesta a un derecho básico de los/as trabajadores/as, que les facilitará, sin duda, la progresión en sus itinerarios profesionales".

Ésta es una de las actuaciones recogidas en el Plan de Modernización de la Formación Profesional con mayor impacto en la población activa, ya que pone fin a las limitaciones del método existente que ralentizaba el proceso de acreditación de competencias a través de convocatorias concretas referidas a una o varias cualificaciones.

Desde el Ministerio se recuerda que casi la mitad de la población activa española, el 48 %, carece de un reconocimiento formal de sus competencias profesionales, a pesar de desempeñar su actividad laboral a diario, lo que reduce sus posibilidades formativas y laborales. 

Sistema de acreditación acumulable

Este nuevo procedimiento de convocatoria permanente tendrá como referencia la totalidad de las unidades de competencia profesional incluidas en la oferta de Formación Profesional, vinculada al Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales. El sistema de acreditación será acumulable para que el beneficiario pueda completar la formación que le lleve a la obtención del correspondiente título de FP o certificado de profesionalidad. 

El proceso se iniciará con una primera etapa de asesoramiento dirigida por un asesor/a, que realizará un informe orientativo sobre el aspirante. A continuación, tendrá lugar la fase de evaluación a través del análisis del informe señalado, de la documentación aportada por el candidato y de diferentes métodos que permitan comprobar las competencias adquiridas en el lugar de trabajo. Finalmente, los resultados se transferirán a un registro de carácter estatal. 

Requisitos de los candidatos

Los candidatos deberán justificar al menos tres años de trabajo en el desarrollo de la competencia que desea acreditar, con un mínimo de 2.000 horas trabajadas, en los 15 años previos a la presentación de la solicitud.

Para las unidades de competencia de nivel I, aquellas que recogen un conjunto reducido de actividades laborales relativamente sencillas, con conocimientos teóricos y capacidades prácticas limitadas, se requerirán dos años de experiencia con un mínimo de 1.200 horas trabajadas. 

Centros autorizados 

Los centros que imparten enseñanzas de Formación Profesional del sistema educativo, los centros integrados de FP y los Centros de Referencia Nacional (CRN) serán los autorizados para llevar a cabo estas actividades. Además, la administración competente podrá determinar otras sedes que cedan sus instalaciones y servicios para ello. 

Según indica Educación, esta transformación impulsada por el Ministerio está en línea con las estrategias de empleo de la Unión Europea, orientadas a la cualificación de la población activa con el fin de facilitar la empleabilidad, la movilidad, la cohesión social, la equidad y el aprendizaje a lo largo de la vida.

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