El Parlamento Europeo respalda imponer las “emisiones cero” a edificios de nueva construcción a partir de 2030
Los edificios públicos deberán adoptar esta medida a partir de 2028; el objetivo es que el sector sea neutro en el 2050
Europa Press
El pleno del Parlamento Europeo aprobó el pasado martes día 12 que todos los edificios de obra nueva deben tener el certificado de cero emisiones a partir de 2030. Un reto de neutralidad en emisiones que se exigirá al conjunto del parque inmobiliario en 2050.
Los eurodiputados adoptaron la revisión de la directiva comunitaria sobre eficiencia energética dentro del sector de la construcción con 370 votos a favor, 199 en contra y 46 abstenciones. El texto todavía debe ser formalmente respaldado por el Consejo de la UE antes de convertirse en ley.
Anteriormente, este plan ya fue acordado por el Parlamento y la Comisión en diciembre de 2023. La idea es reducir progresivamente el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero dentro de la construcción hasta lograr que sea climáticamente neutro en 2050.
Objetivos
En 2028, los edificios nuevos ocupados por las autoridades públicas o que sean de su propiedad deberán alcanzar este objetivo. Los Estados miembro tendrán en cuenta el potencial de calentamiento global a lo largo del ciclo de vida del edificio, incluida la producción y eliminación de los productos de construcción utilizados.
Los Veintisiete y la Eurocámara acordaron una “hoja de ruta” que obligará a los Estados miembro a tener planes nacionales para llegar a reducir el uso de energía primaria de los edificios residenciales en un 16% a más tardar en 2030 y un 20 ó 22% para 2035.
La nueva directiva asegura que los países de la UE tendrán que renovar el 16% de los edificios no residenciales con peor desempeño para 2030 y, para 2033, el 26%, mediante requisitos mínimos de eficiencia energética. Además, si técnicamente es posible, los Estados miembros tendrán que instalar placas solares en los edificios públicos y no residenciales antes de 2030.
Además, los gobiernos deben definir la forma en la que adoptarán medidas para descarbonizar los sistemas de calefacción, con vistas a eliminar gradualmente los combustibles fósiles en calefacción y refrigeración en 2040, mientras que las subvenciones a las calderas independientes de combustibles fósiles estarán prohibidas a partir de 2025.
Los incentivos financieros seguirán siendo posibles para sistemas de calefacción híbridos que utilicen una parte considerable de energía renovable, como los que combinan una caldera con una instalación solar térmica o una bomba de calor.
